Chile no cuenta con un presupuesto exclusivo para estudiantes migrantes. Las escuelas que reciben a esta población deben financiar su atención con recursos destinados originalmente a alumnos en situación de vulnerabilidad social. El problema: muchos migrantes quedan fuera del sistema por no contar con Registro Social de Hogares.
El sistema escolar chileno ha enfrentado un cambio demográfico profundo en la última década: el ingreso masivo de estudiantes extranjeros. Pero a pesar del aumento sostenido en la matrícula migrante —más de 260 mil inscritos en 2023—, el Ministerio de Educación no ha creado una línea presupuestaria específica para esta realidad. En su lugar, los establecimientos deben cubrir las necesidades de esta población con los mismos fondos asignados a estudiantes vulnerables chilenos.
La Subvención Escolar Preferencial (SEP), creada para apoyar a estudiantes con alto índice de vulnerabilidad social, ha sido el único recurso con el que cuentan muchos colegios para implementar estrategias de inclusión, nivelación y apoyo lingüístico para alumnos migrantes. El problema es estructural: la SEP no fue diseñada para responder al fenómeno migratorio, y su distribución depende del Registro Social de Hogares (RSH), documento que muchas familias extranjeras no poseen.
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Victoria Gutiérrez Falfán, Coordinadora de Educación Media de la Seremi Metropolitana, lo explica con claridad: “La posibilidad de implementar proyectos dirigidos a estudiantes migrantes depende de los recursos que provienen de la subvención básica por alumno o la SEP. Pero esta última se otorga según el RSH, y muchas familias migrantes no lo tienen”.
Esto deja a los establecimientos educacionales en una situación ambigua: tienen más estudiantes, más necesidades y más desafíos, pero no tienen más recursos, a menos que logren justificar los gastos con los instrumentos que el Estado reconoce.
“La SEP se otorga según el Registro Social de Hogares, y muchas familias migrantes no lo tienen.”
— Victoria Gutiérrez, Seremi de Educación RM
Mientras no exista una política clara de financiamiento focalizado, el costo de la inclusión recae directamente en las comunidades escolares. Directores, docentes y asistentes de la educación deben asumir funciones que el Estado no ha previsto, en un contexto de sobrecarga laboral y tensión social.
El crecimiento de la matrícula migrante no es una sorpresa. Pero la falta de un plan presupuestario coherente —y una estructura legal que lo acompañe— sigue siendo una deuda pendiente.